
Cientos de bahienses se movilizaron esta tarde por el centro de la ciudad bajo el lema «No a la extranjerización de la tierra», en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La convocatoria tuvo como principal eje el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros, que finalmente fue retirado del dictamen que será debatido en el Senado. No obstante, la iniciativa mantiene una serie de reformas en materia de desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y registros de la propiedad.
Uno de los ejes que sí será debatido es la modificación de los procesos de desalojo. El proyecto establece que estos casos se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo y permite solicitar la restitución anticipada del inmueble antes de que exista una sentencia definitiva, siempre que se acrediten los requisitos previstos.
Para los alquileres de viviendas con falta de pago, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días para regularizar la deuda. Cuando el procedimiento involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se contempla la intervención de los organismos correspondientes para procurar una solución habitacional.
El dictamen no modifica el régimen vigente para los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El capítulo que proponía cambios en esa materia fue eliminado durante el debate en comisiones, por lo que continuará la suspensión de desalojos prevista por la legislación actual.
La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley de Expropiaciones. El texto exige que la declaración de utilidad pública identifique de manera específica el objetivo perseguido y que la medida resulte necesaria, adecuada y proporcional.
Además, propone incorporar el lucro cesante a las indemnizaciones cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. El inmueble pasaría al Estado una vez abonada la compensación completa y la ocupación temporánea anormal tendría un plazo máximo de 90 días.
Otro de los puntos centrales será la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen mantiene la prohibición de modificar durante 60 años el uso de bosques nativos, bosques implantados, áreas naturales protegidas y humedales afectados por incendios.
En cambio, propone eliminar la restricción de 30 años que actualmente alcanza a zonas agropecuarias, pastizales y otros terrenos rurales incendiados. Esa limitación impide durante ese período realizar emprendimientos inmobiliarios, modificar el uso de la superficie o desarrollar determinadas actividades productivas.
El proyecto también contempla la creación de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble y de una ventanilla única nacional. La propuesta apunta a digitalizar trámites y unificar el acceso a informes, certificados, copias y pagos vinculados con los registros provinciales.
Si el proyecto obtiene la aprobación del Senado, recibirá media sanción y será enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá volver a ser debatido antes de convertirse en ley.




