Ciudad Portuaria 
En un fallo dictado este martes, la Corte Suprema de Justicia destrabó la norma que frenaba el acceso de inversores extranjeros a la titularidad de campos en la Argentina, un debate sensible que el Poder Legislativo no había logrado destrabar.
La regulación original, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la propiedad foránea sobre suelo rural a escala nacional, imponiendo topes equivalentes en las jurisdicciones provinciales y locales. Si bien la administración de Javier Milei dispuso su anulación mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia a fines de 2023, la medida había quedado paralizada en la justicia desde marzo de 2024 tras la presentación efectuada por un colectivo de excombatientes de Malvinas.
El reciente dictamen del Máximo Tribunal desestimó aquel recurso al determinar que la entidad demandante carecía de legitimación procesal para litigar. Aunque los magistrados aclararon que no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de fondo de la norma del DNU, analistas del sector coinciden en que la resolución deja sin efecto la cautelar y reactiva de inmediato la desregulación en el mercado inmobiliario rural.
