
Analia Lusarreta, Secretaria General de SUTEBA (Bahía Blanca) dejó sus sensaciones después de la marcha de esta mañana y conversamos además sobre cómo ve a la Argentina en la actualidad: «Me pareció importante la marcha, pero tal vez es necesaria mayor cantidad de gente en función de la gravedad institucional de lo que está ocurriendo. Digo, porque si bien la convocatoria original fue contra la proscripción de una candidata, de la relevancia de quien estamos hablando claramente, mediante argucias judiciales, estamos hablando de un poder judicial que está sospechado desde hace años y que ha perdido la confianza de buena parte del pueblo argentino».
Además del tema central de la jornada (la detención domiciliaria de CFK), Lusarreta también se refirió a los decretos impulsados por el Gobierno Nacional en las últimas horas: «Desde ayer a la tarde queremos poner el foco también en otra situación grave para los derechos de la ciudadanía, que es el DNU, por el cual se habilita la Policía Federal a tener casi más poder que el Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando que el Poder Judicial se mete en política.Y ahora estamos hablando de que la Policía Federal casi que está por encima del Poder Judicial. Es decir, puede realizar allanamientos sin orden judicial, puede espiarnos las redes sociales. La democracia está en peligro y por lo tanto tiene que haber más acciones como la de hoy y con muchas más personas en la calle».
Respecto a la asistencia a las marchas y la adhesión a los paros, comentó: «Acá lo complicado es que a muchos paros nuestros de la provincia de Buenos Aires nos han pasado falta injustificada, que es lo que no corresponde, porque nosotros tenemos un código para consignar que adhirimos a un paro. Entonces, ¿por qué falta injustificada si yo te estoy diciendo que adhiero a una medida de fuerza?». Y cerró la idea haciendo mención al Gobierno Provincial y sus decisiones: «Claramente esta situación genera sus propias contradicciones a las autoridades provinciales, ¿no? ¿Hasta dónde llevan adelante? No me gusta hablar de persecución, pero sí el castigo, la sanción por hacer medidas de fuerza por nuestras condiciones de trabajo y ahora resulta que tenemos que salir en defensa de la democracia. ¿De qué lado se van a poner las autoridades provinciales? La realidad es que todavía no lo sabemos en todo esto».
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